Una familia palmera es el primer caso de objeción contra Ciudadanía en las Islas

El matrimonio formado por Carmen Cavallé y Samuel del Pozo ha presentado los correspondientes impresos de objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía en el colegio Sagrada Familia, un centro concertado del municipio de Los Llanos de Aridane, en La Palma, con lo que se convierte en la primera familia del Archipiélago que se suma a la campaña que varios colectivos han emprendido contra la nueva materia, que es, dentro de la LOE, de carácter obligatorio.

Carmen, que es doctora en Farmacia, y Samuel, que es licenciado en Filosofía, tienen cuatro hijos en edad escolar que el año que viene asistirán, respectivamente, a 6º de Primaria, 2º, 3º y 4º de ESO.

Aseguran, en un comunicado que ha remitido Profesionales por la Ética, que han objetado porque “Educación para la Ciudadanía, tal y como está planteada en sus contenidos, objetivos, materiales de apoyo y forma de evaluación, tiene evidentemente como pretensión que el Estado suplante a los padres como primeros responsables de la configuración de la conciencia moral de los hijos”.

Añade que bajo el discurso de la tolerancia, el diálogo, el respeto a las diferencias, “en esta nueva asignatura se encuentra un proyecto ideológico que impone desde el Estado el relativismo moral, el positivismo jurídico, la ideología del género y el laicismo que pretende arrinconar nuestras convicciones religiosas en la sala de estar de casa”.

La familia del Pozo-Cavallé asegura que presentan objeción a pesar de que sus hijos acuden a un colegio de ideario católico porque creen que la supuesta adaptación de la asignatura en algunos colegios podría ser ilegal (a diferencia de la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional). Por otra parte, asegura Samuel del Pozo, que “si los libros que se van a usar para impartir Educación para la Ciudadanía en los colegios religiosos son de José Antonio Marina, nuestra preocupación aumenta, porque su pensamiento moral es idéntico al del Ministerio de Educación”.

Carmen Cavallé indica, por su parte, que aún en el caso de que Educación para la Ciudadanía se pudiera adaptar al ideario del colegio, si no presentan objeción de conciencia estarían dando mal ejemplo a sus hijos “en su formación como ciudadanos libres, responsables y solidarios”.

Instrumento adoctrinador

Asegura que las consecuencias de la impartición de la asignatura “se notarán en toda la sociedad, que será influida por este instrumento de adoctrinamiento. Una sociedad en la que, por cierto, crecerán nuestros hijos”.

Añade que el problema no es lo que van a estudiar sus hijos en el colegio; “el problema es que, por primera vez desde el franquismo, el Estado va a tomar bajo su responsabilidad la educación moral de nuestros hijos”. Por ello, explica que por esta circunstancia, “además de ser ilegal desde que se aprobó la Constitución, es inaceptable”. Este caso es uno más de los que se han venido generando en las últimas fechas en todo el país, proceso que ha coincidido también con un posicionamiento más estricto desde el Ministerio de Educación hacia los detractores, pues tanto la ministra como altos cargos del departamento han advertido de que aquellos alumnos que no cursen la asignatura no pasarán de curso y no se titulará.