41 107 OBJECIONES A LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA

a polémica materia ha suscitado ya, según datos de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, más de 41 mil objeciones de conciencia presentadas por padres que se niegan a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente.

41 107 OBJECIONES A LA ASIGNATURA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA

41 107 OBJECIONES A LA ASIGNATURA

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

El final de curso escolar registra casi 100 objeciones diarias

Madrid, 25 de junio. El curso escolar que acaba de finalizar ha sido el primero en el que la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha impartido en 3º de Educación Secundaria Obligatoria en siete comunidades autónomas. La polémica materia ha suscitado ya, según datos de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, más de 41 mil objeciones de conciencia presentadas por padres que se niegan a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente.

Sin embargo, la polémica no ha hecho más que empezar porque el curso que viene EpC se impartirá en toda España, en 2º o 3º de ESO (según las comunidades autónomas), en 4º de ESO (bajo la denominación Educación Ético-Cívica) y en 1º de Bachillerato (Filosofía y Ciudadanía).

Estos datos han sido presentados hoy en Madrid por PROFESIONALES POR LA ÉTICA. Según esta asociación, la expansión territorial de la asignatura y su extensión a otros cursos multiplicará las objeciones de conciencia de padres. Se espera, por tanto, un «otoño caliente» en el ámbito educativo.

Para Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el movimiento objetor está reflejando sin duda, una movilización social sin precedentes en España, tanto por su fuerza como por su dinámica, objetivos e identidad de sus protagonistas.

Tamayo ha asegurado que «los padres de toda España se han levantado, literalmente, para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario, que EpC es una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito que es exclusivo de los padres. Y por eso han objetado a pesar de las amenazas infundadas de la Ministra o de los consejeros de Educación, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares (públicos y concertados), a pesar de las promesas incumplidas o de la incoherencia de los políticos».

Igualmente, la coordinadora de esta campaña ha recordado que los objetores presentan una comunicación de objeción por hijo, con lo cual no estamos hablando de 41 107 padres objetores sino de nº de objeciones. Los padres objetores, lógicamente, son el doble puesto que normalmente firman la objeción el padre y la madre.

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Por comunidades autónomas, la que presenta un mayor número de objeciones es Madrid seguida de Castilla La Mancha y de Andalucía. «Teniendo en cuenta que la primera objeción a la asignatura se presentó en abril de 2007», ha asegurado Tamayo, «podemos afirmar que desde entonces se han producido cerca de 100 objeciones diarias a EpC. Por otra parte, hay que recordar que, con total seguridad, el número de objeciones supera esta cifra porque hay numerosos padres que objetan y no se lo comunican a ninguna asociación ni plataforma, simplemente al centro escolar y a la Administración educativa».

En esta campaña, ha relatado Tamayo, se han movilizado los padres, es decir ciudadanos anónimos, responsables y valientes que se han organizado en plataformas o asociaciones. Si en febrero de 2007 había 32 asociaciones que promovían la objeción a EpC con el lema Tus hijos, tu decisión, hoy son 92 las entidades que dan forma al movimiento objetor. Estas plataformas y asociaciones hacen llegar la información a los padres, facilitan la tramitación de la objeción y apoyan legal y moralmente a los objetores y a sus familias.

A continuación ha intervenido Almudena Pastor, representante de una de las plataformas madrileñas (Alcalá Educa en Libertad). Según Pastor, en el último mes han organizado cinco charlas informativas sobre EpC en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Meco. Su experiencia es que los padres desconocen el auténtico calado de la asignatura ya que al leer los objetivos de EpC y de Educación Ético-Cívica se percibe con claridad que se va a inculcar a los jóvenes una manera concreta de pensar en aspectos como «la identidad personal», los valores de la vida cotidiana o la convivencia en la familia. «Tras leer los decretos de EpC», asegura Pastor, «me veo despojada de mi papel de madre como educadora de mis hijos y relegada a ser una cuidadora alimentadora».

En parecidos términos se ha expresado la portavoz de otra plataforma madrileña (Educa en Libertad. Madrid Noroeste), Mariví Urbina, que ha asegurado que las objeciones se incrementan en cuánto los padres se informan del objetivo de EpC, que es «formar la conciencia moral de los alumnos».

Finalmente ha intervenido Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, quien ha dibujado el escenario actual y las previsiones en torno a la objeción de conciencia a EpC. En síntesis, Urcelay ha asegurado que:

1. EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres. La asignatura, tal y como está planteada, debe ser retirada o convertirse en voluntaria.
2. La cuestión clave sigue siendo la información sobre la asignatura. El Gobierno y las administraciones educativas siguen falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a la objeción de conciencia de los padres.
3. No se puede entender que existiendo ya sentencias judiciales que declaran la falta de neutralidad de la asignatura y el derecho de los padres a objetar, se siga tratando a los padres objetores como delincuentes y que se estén produciendo situaciones como las de Andalucía (desacato por la Junta de fallos judiciales) o Asturias (inicio de expedientes sancionadores a los padres sin base legal y con el único propósito de amedrentar). Resulta también incalificable la complicidad política de la CEAPA (Confederación Española de Padres de Alumnos) al pedir la intervención de la fiscalía contra los padres. «Los objetores», ha asegurado, «van a defenderse de esta represión por todos los medios legítimos a su alcance y nosotros les vamos a seguir apoyando».
4. Si el Gobierno y las Administraciones educativas mantienen la misma insensibilidad hacia la realidad social y la misma falta de diálogo, las objeciones van a seguir multiplicándose. La objeción es un derecho constitucional y es el único recurso que se está dejando a los padres. En el tramo final de curso la presentación de objeciones se ha multiplicado. Desde hace dos meses han crecido casi un 44%; en Madrid, un 72%.
5. Hay cientos de recursos judiciales planteados frente a la asignatura, a lo que ahora hay que sumar la nueva situación abierta en la Comunidad Valenciana, donde los mismos que niegan a los padres el derecho constitucional a la objeción de conciencia ahora llaman abiertamente a la desobediencia pura y dura frente a una Orden de la Consejería de Educación. Esto es insostenible. Mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia van a presentarse más demandas, solicitudes de medidas cautelares y posiblemente habrá muy pronto nuevos fallos judiciales al menos en los Tribunales de Cantabria, La Rioja y Navarra. El curso 2008-2009 va a conocer una compleja judicialización que no sabemos dónde puede conducir a nuestro ya maltrecho sistema educativo.
6. Seguimos haciendo un llamamiento a la recuperación de la cordura, la racionalidad y el diálogo. El Gobierno debe practicar de una vez lo que demagógicamente pregona cada vez que habla de esta asignatura. Los padres sólo pedimos diálogo, respeto a la pluralidad social, no imposición de ninguna conciencia moral a nadie y libertad para todos.