EL GOBIERNO DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN IMITA AL PSOE Los padres castellanoleoneses encuentran dificultades para ejercer su derecho a objetar a EPC

A pesar de los fallos judiciales favorables a los padres objetores, la Consejería de Educación de Castilla y León busca nuevas formas de obstruir el ejercicio de un derecho constitucional de los padres

EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN IMITA AL PSOE  Los padres castellanoleoneses encuentran dificultades  para ejercer su derecho a objetar a EPC

Madrid, 15 de julio de 2008. A pesar de los fallos judiciales favorables a los padres objetores, la Consejería de Educación de Castilla y León busca nuevas formas de obstruir el ejercicio de un derecho constitucional de los padres

Padres de familia objetores a Educación para la Ciudadanía de Castilla y León han empezado a recibir ayer una carta certificada de la Consejería de Educación en la que se les advierte que se entenderá que han desistido de la objeción de conciencia si no acreditan, mediante distintos documentos compulsados y en un plazo de sólo diez días, extremos tales como la “paternidad” de sus hijos.

Esta acción de la Consejería ha causado indignación y malestar en los padres afectados. No se entiende que la Consejería haya demorado tanto tiempo su contestación y que pida ahora estos documentos, cuando además muchos colegios empiezan a cerrar sus puertas y los alumnos y, en bastantes casos los padres, están de vacaciones.  Los padres recuerdan, además, que los documentos que se piden están en poder de los colegios y, por lo tanto, a disposición de la Administración educativa si en algún caso los necesita.

Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, “desde un punto de vista legal cuesta mucho trabajo entender la postura de la Consejería de Educación”. “Algo similar”, continúa Urcelay “quiso hacer la Junta de Andalucía  -declaradamente hostil a la libertad de educación de los padres- en el principio del presente curso e inmediatamente tuvo que abandonar su postura cuando le llovieron los recursos de los padres”.

Por otra parte, Urcelay ha señalado que “esta posición, que parece puramente obstruccionista, es más insólita aun si se tiene en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en una situación idéntica a la del currículo de Ciudadanía de Castilla y León, acaba de reconocer el derecho de los padres a la objeción de conciencia y la ilegalidad de los contenidos obligatorios de Educación para la Ciudadanía. A la vista de esta sentencia la Consejería de Educación debe rectificar cuanto antes la no admisión de la objeción, en lugar de poner más piedras en el camino de unos ciudadanos que sólo están ejerciendo derechos fundamentales consagrados en la Constitución”.