LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN IGNORA A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y EMPIEZA A DENEGAR, EN PLENAS VACACIONES, LA OBJECIÓN A CIUDADANÍA

Los padres objetores han empezado a recibir hoy una “Orden” de la Consejería de Educación en la que se niega la existencia del derecho constitucional a la objeción de conciencia

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN IGNORA A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y EMPIEZA A DENEGAR, EN PLENAS VACACIONES, LA OBJECIÓN A CIUDADANÍA

Los padres objetores han empezado a recibir hoy una “Orden” de la Consejería de Educación en la que se niega la existencia del derecho constitucional a la objeción de conciencia

Madrid, 31 de Julio de 2008

Casi al filo del mes de agosto y cuando se disponían a empezar sus vacaciones, los padres objetores de Castilla y León han empezado a recibir hoy una “Orden” de la Consejería de Educación por la que se rechaza su declaración de objeción de conciencia en relación con la asignatura Educación para la Ciudadanía “por tratarse de una asignatura que el Estado configura como obligatoria”.

En el texto de la “Orden” se niega expresamente que exista un derecho constitucional a la objeción de conciencia, a pesar de las numerosísimas sentencias dictadas por los Tribunales superiores de Justicia que avalan y reconocen ese mismo derecho, pues, a juicio del Consejero de Educación, que firma la Orden, supondría un “riesgo de relativizar los mandatos legales”. Además, el Consejero de Educación argumenta en la Orden que hoy ha sido notificada a algunos padres objetores, que “frente a un supuesto derecho a la libertad ideológica y de conciencia” se encuentran “leyes y reglamentos en vigor de obligada y general observancia y cumplimiento”.

La Orden, que ya había sido anunciada por las autoridades de la Junta, ha agravado el malestar de los padres con la Consejería de Educación por el momento en que se ha notificado. Buena parte de los miles de padres afectados están de vacaciones o a punto de comenzarlas. Con todo, los padres se han puesto ya en contacto con los servicios jurídicos de las plataformas de padres objetores para iniciar, cuanto antes, acciones judiciales por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales de la persona.

Según Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética, una de las entidades que presta apoyo a los padres objetores, “la argumentación de las resoluciones de la Consejería es de una gran debilidad jurídica y va a ser fácilmente rebatible en los Tribunales. Este vacío de razones pone nuevamente de manifiesto que la Junta se ha doblegado en esta cuestión a las tesis ideológicas de quienes, desde el Gobierno central, quieren imponer a todos, a través de una asignatura obligatoria, una misma conciencia moral, en contra, además, de las directrices de su propio partido. Cuesta trabajo entender por qué actúa así cuando a estas alturas de la polémica es evidente que la Constitución ampara a los padres y antes o después la Junta va a tener que aceptarlo, le guste o no. Es inadmisible que la Orden cite de manera completamente parcial e incompleta determinadas sentencias del Tribunal Constitucional y omita las sentencias del Alto Tribunal favorables a la objeción y toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también avala el derecho a la objeción”.

“Por otro lado, concluye Urcelay, la Junta parece ignorar completamente la avalancha de sentencias de diversos Tribunales Superiores de Justicia que ya han reconocido el derecho a la objeción de conciencia frente a Ciudadanía, por tratarse de una asignatura contraria a los artículos 16 y 27 de la Constitución Española. Una Administración educativa democrática y responsable no puede cerrar los ojos a la realidad, sobre todo cuando están en juego libertades fundamentales de los ciudadanos frente al intervencionismo del poder político. La Consejería de Educación está demostrando nula sensibilidad ante la libertad ideológica y de conciencia de los padres”.

Finalmente, desde Profesionales por la Ética se ha recordado hoy a los casi 3000 padres objetores de Castilla y León, que tienen a su disposición un servicio de asistencia jurídica que de manera gratuita les facilita el ejercicio de sus derechos ante los Tribunales por medio de abogados y procuradores voluntarios.

Nota: se acompaña una de las resoluciones recibidas hoy por los padres.